La reciente solicitud del Gobierno para ampliar el límite de endeudamiento del Estado en US$6.200 millones ha generado preocupación y debate. Sin embargo, para entender las razones detrás de esta medida, es necesario mirar con honestidad la situación fiscal que heredó el país.
Durante años se prometió responsabilidad fiscal, crecimiento económico y una mejor gestión de los recursos públicos. La realidad terminó siendo muy distinta. El déficit fiscal superó ampliamente las estimaciones iniciales, los ingresos del Estado estuvieron lejos de las proyecciones optimistas que se anunciaban y el gasto público continuó creciendo sin el respaldo de una economía capaz de sostenerlo.
Hoy, de los US$6.200 millones solicitados, US$3.800 millones corresponden directamente a un déficit mayor al previsto. En otras palabras, el Estado gastó más de lo que ingresó. A ello se suman US$1.500 millones destinados a cubrir compromisos pendientes, pagos atrasados y deuda flotante acumulada con proveedores y pequeñas empresas que durante demasiado tiempo esperaron recibir los recursos que les correspondían.
Resulta paradójico escuchar a sectores de la izquierda criticar este endeudamiento cuando fueron precisamente ellos quienes administraron las finanzas públicas durante los años en que se incubaron muchos de los problemas que hoy deben resolverse. Quienes hoy cuestionan la necesidad de financiamiento extraordinario guardaron silencio cuando el gasto fiscal aumentaba, cuando las proyecciones de ingresos no se cumplían y cuando se comprometían recursos que posteriormente debían ser financiados por futuras administraciones.
Más aún, rechazar este endeudamiento no tendría consecuencias meramente políticas. Significaría poner en riesgo el funcionamiento normal del Estado y el cumplimiento de obligaciones ya adquiridas.
Sin estos recursos, miles de proveedores y pequeñas empresas que prestan servicios al Estado podrían seguir esperando pagos pendientes, afectando su liquidez, su capacidad de mantener empleos e incluso su continuidad operacional. No se trata de gastos futuros, sino de compromisos que ya existen y que deben ser honrados.
También quedarían bajo presión diversas ayudas sociales anunciadas recientemente, entre ellas el bono de $30.000 por niño destinado a familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Asimismo, se dificultaría la implementación de programas asociados a la reconstrucción nacional y otras medidas orientadas a apoyar a los sectores más vulnerables.
La situación fiscal también podría obligar a realizar ajustes de emergencia en áreas tan sensibles como salud, educación y seguridad. Hospitales, establecimientos educacionales y programas de prevención del delito dependen de recursos permanentes para funcionar adecuadamente. Cuando las cuentas fiscales se deterioran, los primeros perjudicados terminan siendo los ciudadanos que utilizan estos servicios.
A ello se suma un riesgo aún más profundo: la pérdida de credibilidad financiera del país. Si Chile demuestra incapacidad para financiar adecuadamente sus obligaciones o controlar sus déficits, las agencias internacionales pueden deteriorar la percepción de riesgo del país. Esto implica mayores costos de financiamiento para el Estado y, en consecuencia, créditos más caros para empresas y familias.
La discusión de fondo no es si endeudarse es bueno o malo. Ningún país puede sostener indefinidamente un crecimiento de su deuda sin consecuencias. La verdadera pregunta es por qué Chile llegó a necesitar este endeudamiento adicional. La respuesta apunta a años de decisiones equivocadas, estimaciones excesivamente optimistas y una gestión fiscal que privilegió el corto plazo por sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El desafío actual es doble. Por una parte, ordenar las cuentas del Estado y recuperar la disciplina fiscal que históricamente distinguió a Chile. Por otra, asegurar que este endeudamiento sea una medida excepcional y no una práctica permanente.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones, pero también a conocer el contexto completo. Cuando un gobierno recibe una economía con déficits superiores a los proyectados, pagos pendientes, obligaciones acumuladas y una situación fiscal más deteriorada de la informada, las alternativas son limitadas. Lo responsable es sincerar las cifras, enfrentar la realidad y tomar las medidas necesarias para evitar que el problema continúe creciendo.
Chile necesita volver a construir una cultura de responsabilidad fiscal. Porque las deudas de hoy no las paga un gobierno ni una coalición política. Las terminan pagando todos los chileno