En los últimos días hemos visto duras críticas al Gobierno por las acciones de cobro que la Tesorería General de la República (TGR) está realizando contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Algunos sectores han intentado presentar estas medidas como una decisión arbitraria del Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, los hechos muestran algo distinto: el Gobierno está aplicando herramientas que fueron establecidas por una ley aprobada y promulgada durante la administración de Gabriel Boric. 

La llamada Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, publicada en 2024 como Ley N.º 21.713, fortaleció las facultades de cobro de la Tesorería General de la República. Desde entonces, la TGR cuenta con mecanismos más amplios para perseguir deudas fiscales y créditos que pasan a ser cobrados por el Estado. Incluso notificaciones de cobranza emitidas este año hacen referencia expresa a los artículos del Código Tributario modificados por dicha ley. 

La propia Tesorería ha señalado que las acciones de cobro, incluyendo la retención de fondos en cuentas bancarias, remuneraciones y otros activos financieros, se realizan "conforme al marco legal vigente". No se trata de una medida improvisada ni de una facultad creada por el actual Gobierno, sino de la aplicación de normas que ya forman parte del ordenamiento jurídico chileno. 

Resulta llamativo que algunos de los mismos sectores políticos que respaldaron estas modificaciones legales hoy cuestionen su utilización. Durante años se promovió la idea de una condonación masiva del CAE, generando expectativas que contribuyeron al aumento de la morosidad. Hoy el Estado enfrenta una deuda que supera los 4 billones de pesos y más de 550 mil personas mantienen obligaciones impagas. Cuando el Fisco paga como aval ante los bancos, esos recursos salen del bolsillo de todos los contribuyentes. 

Se puede debatir si la ley es buena o mala. Se puede discutir si las facultades de cobro son excesivas o insuficientes. Lo que no corresponde es responsabilizar al Gobierno de Kast por aplicar una legislación que fue aprobada bajo el mandato de Gabriel Boric y que sigue plenamente vigente. 

En un Estado de Derecho, los gobiernos no eligen qué leyes cumplir según la conveniencia política del momento. La TGR ha sido clara: está actuando dentro de las atribuciones que le entrega la ley. Quienes hoy critican el cobro del CAE tienen todo el derecho a cuestionar la norma, pero también tienen la obligación de reconocer quién la impulsó, quién la promulgó y bajo qué gobierno entró en vigencia.